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Herencias

La escritura de herencia es un documento notarial en el que los herederos describen el patrimonio del fallecido y aceptan ser sus sucesores, repartiéndose los bienes de acuerdo con el testamento o declaración de herederos (si no hay testamento) y su voluntad.

Documentación necesaria:

Copia autorizada del testamento. O copia autorizada del acta de declaración de herederos (si el fallecido no dejó testamento). Se puede obtener desde la Notaria.

Certificación de defunción.

Certificado de últimas voluntades, (presentando el de defunción se puede obtener directamente por la notaria, a través de Internet, del Ministerio de Justicia).

La identidad de los herederos (DNI vigentes o N.I.E. y domicilios actualizados), que deben comparecer personalmente o por representante (poder).

Escrituras o títulos de propiedad de los bienes integrados en la sucesión.

Relación de bienes, certificados bancarios de saldos de cuentas, gastos de funeral, préstamos pendientes y otras deudas.

Hay que tener en cuenta que por la herencia se transmiten, en principio, tanto los bienes como las deudas, incluso aunque éstas superen a aquellos, por lo que antes de aceptar la herencia es prudente investigar la situación real del patrimonio del fallecido, puede rechazarse mediante una escritura pública ante notario o judicialmente y en ella se rechaza de manera expresa la herencia recibida.

Tanto la aceptación de una herencia como el repudio de la misma son irrevocables. Además, la aceptación o renuncia de una herencia no puede ser parcial ni someterse a determinadas condiciones. Se rechaza o se acepta la totalidad de la herencia.

Existe una tercera posibilidad, aunque poco utilizada en la práctica por lo  poco clara de su regulación y lo riguroso de sus requisitos (plazo), que es la aceptación a beneficio de inventario:

   “El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan, responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes, que han

Plazo e Impuestos:

La sucesión hereditaria debe  autoliquidarse del Impuesto de Sucesiones en el plazo de seis meses a contar desde el fallecimiento del causante, incluso aunque esté pendiente de otorgar la escritura de herencia. Prescribe el impuesto a los cuatro años y seis meses contados desde el fallecimiento del causante.

Las entidades bancarias están obligadas a no permitir la disposición de las cuentas del fallecido mientras no se les acredite el cumplimiento de las normas fiscales.

Según la residencia de los interesados o la situación de los bienes a heredar se aplicarán las normas fiscales de una u otra comunidad autónoma o la general del Estado, a la sucesión, por lo que el impuesto de sucesiones puede variar notablemente.

La situación es ahora mucho más favorable al residente en un pais comunitario pues la  Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, ha determinado que el Reino de España ha incumplido el ordenamiento comunitario al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de este. Dando lugar, para cumplir dicha sentencia y eliminar los supuestos de discriminación descritos, a la publicación de la disposición adicional segunda de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, que  aplica las normas de la comunidad donde estén los bienes principales o resida el causante.   Aunque en teoría entra en vigor el 1 de enero de 2015, y no establece retroactividad alguna,  parece sensato considerar que, al ser una disposición más favorable en materia fiscal y producirse para dar cumplimiento a la citada sentencia, será aplicable también a herencias anteriores no prescritas (4 años y seis meses), o, al menos a las posteriores a la publicación de la sentencia.

Si el causante es no residente en España es competente la Agencia Tributaria de Madrid, pero ahora aunque se presente y liquide allí pueden ser de aplicación las normas (más beneficiosas) de la Comunidad autónoma donde se encuentren los bienes.

Téngase en cuenta que se ha seguido un criterio muy complicado que distingue entre residentes comunitarios y extracomunitarios, con independencia de su nacionalidad, para aplicar la normativa autonómica o la estatal (sin bonificaciones), así  quedan como regla general excluidos de la aplicación de la normativa autonómica más próxima los no residentes de territorios ajenos a la Unión Europea (UE) y al Espacio Económico Europeo (EEE). La única excepción es que el causante hubiera tenido su residencia en un Estado miembro de la UE o del EEE (en adelante también, «no residente comunitario»). En los demás casos de competencia estatal, los no residentes fuera de la UE y del EEE (en adelante también, «no residentes extracomunitarios») deben tributar conforme a la normativa estatal. es decir a un español residente en Sudamérica que no haya residido en la U.E. se le aplica la norma estatal menos favorable.

   La normativa autonómica establece ventajas fiscales en determinados supuestos así como por razones de parentesco. La norma estatal para todos los interesados tiene reducciones (aunque menores) para familiares cercanos. Si se trata de herencia de vivienda habitual la deducción autonómica es superior a la estatal, el 95% con el límite de los 150.000 euros de valor, reduciéndose, al mismo tiempo, el plazo requerido para el mantenimiento de la adquisición, que pasa de diez a cinco años, en consonancia con las restantes reducciones autonómicas en el impuesto relativas a bienes determinados.    En general, la cuantía del impuesto de sucesiones, al menos entre cónyuges o padres e hijos, será probablemente menor que en una compraventa entre las mismas personas.

Si la herencia incluye bienes inmuebles urbanos, también está sujeta al impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (antigua Plus-Valía), que debe abonarse en el plazo de 30 días desde la firma, su cuantía varía en función del Municipio y del tiempo transcurrido desde su adquisición hasta el fallecimiento del causante de la herencia. Ver forma de cálculo en utilidades.